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miércoles, 20 de julio de 2011

Cristianos no católicos/ ¿Votos de pobreza?

La reparación de la Catedral de Navarra

La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles


Una ley de 1998 permite a los obispos adueñarse de templos de culto de forma opaca - Pueblos de toda España descubren con sorpresa la apropiación.

CARMEN MORÁN - Madrid - 11/07/2011

La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron. Y lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este privilegio se agrandó en 1998, cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.
Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.
¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. "Robo" y "expolio", repiten cuando se les pregunta por el caso
"Inconstitucional", dicen los expertos jurídicos. "No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público", empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que "no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público", recuerda Alejandro Torres. "Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo", asegura.
Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.
"Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no", dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. "Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya...".
A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. "Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado", dice Ilzarbe.
"Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental", dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.
Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. "Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles", critica Ilzarbe.
En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. "Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo", dice.
La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: "La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios". Otra cosa, responden en un correo electrónico, "es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos", por lo que tienen que "defenderse", aseguran.
"Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido", afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. "Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo", dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: "No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia".
Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. "La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas", dice Josemari Esparza.
 Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII "quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo", se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. "Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario", sigue Esparza.
En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. "En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos", explica Esparza.
En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.

¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, "la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad". Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?




http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Iglesia/inscribe/propios/miles/inmuebles/elpepisoc/20110711elpepisoc_3/Tes





José Luis Sampedro y la visita del Papa a España




NO A LA VISITA DEL PAPA A ESPAÑA EN 2011. NO CON MIS IMPUESTOS

NO A LA VISITA DEL PAPA A ESPAÑA EN 2011. NO CON MIS IMPUESTOS



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Spanish pilgrims celebrate Madrid being named host city for 2011 World Youth Day by Pope Benedict XVI in Sydney

  • Juventud
  • La visita del papa y la Jornada Mundial de la Juventud costarán
  •  50 
  • millones








CÉSAR PEÑA 16.07.2011
Madrid se convertirá del 16 al 21 de agosto en el punto de reunión 
de jóvenes creyentes de todo el mundo con la celebración de
 la Jornada Mundial de la Juventud(JMJ), un acontecimiento
que, según sus organizadores, acoge al triple de personas
 que unas Olimpiadas, lo que ha desatado las críticas de laicos 
e incluso creyentes por el gasto que supone la logística
 de un evento de esta magnitud, estimado en unos 50 millones
 de euros.
Un mes antes del comienzo del encuentro hay inscritos 
414.000 peregrinos, que podrán participar en más
de 300 actividades, catequesis diarias, vigilias
 y diversos encuentros con el Papa.
Según el coordinador en Madrid de Europa Laica,

Antonio González, los Presupuestos Generales
del Estado aprobados en 2010 “recogen un presupuesto 
especial para la cobertura  del evento de 25 millones
 de euros”.Sin embargo, el director financiero de la JMJ, 
Fernando Giménez Barriocanal, insiste en que 
“tiene un coste cero para el contribuyente y
 no va a costarle nada a las arcas públicas.
 Es más, estimamos que va a suponer una inyección 
de 100 millones de euros a nuestro país, además de
 proyectar a Madrid y a la marca España”
Desde Europa Laica recalcan que el gasto en 
“cuerpos de seguridad y demás necesidades 
derivadas de la reunión de tantas personas, 
no lo puede pagar la organización” y correrá, 
“sin duda, a cargo del Estado”.

Las empresas que financian

 parte de las JMJ


La Fundación Madrid Vivo reúne a cerca de cuarenta
 empresas españolas con el objetivo de ayudar 
a la financiación de las Jornadas. Según el abogado
 Javier Cremades, su secretario general, las empresas 
participantes, entre las que destacan el Banco Santander,
 Telefónica o Endesa, “han aportado cantidades que van
 desde los 20.000 euros hasta los 4 millones”.
Sin embargo, “lo más importante que hemos aportado 
desde Madrid Vivo es nuestra experiencia profesional,
 el know-how y el apoyo logístico y material”
 continúa Cremades. de peregrinos, que ha
 desarrollado el Banco Santander,
 la logística de la que se encarga El Corte Inglés,
Esas ayudas se reflejan en el sistema de registro  o el vino de las misas,
 que lo aportará las bodegas Osborne.
Según Cremades, el total de la inversión de Madrid Vivo
 en las jornadas “puede estar cercano a los 25 millones
 de euros”, un gasto que para Javier Baeza, cura de Madrid,
 es “un agravio hacia las familias en paro”.
De hecho, Foro de Curas de Madrid, que reúne a varias 
decenas de sacerdotes de la capital, ha criticado duramente
 la participación de estas empresas en el documento
 “Los mecenas de Rouco”. En él, critican que los miembros
 de Madrid Vivo “muchos de ellos causantes de la actual 
situación económica”, recuerda Javier Baeza,
 “refuerza la imagen de la Iglesia como institución privilegiada
 y cercana al poder, con el escándalo social que ello supone”.
Javier Cremades responde que “cada una de las empresas 
de la Fundación aporta de forma individual y por otros cauces
 a mejorar la sociedad, a través de la responsabilidad social”. 
Participamos porque creemos que las jornadas tienen interés 
para toda la sociedad”, insiste.

Los peregrinos pagarán entre 30 y 210 euros 


De los más de 414.000 peregrinos inscritos,
 240.000 han solicitado además alojamiento
La organización les repartirá entre casas de 
voluntarios, colegios públicos y privados,
 e incluso centros deportivos.
Dependiendo de si asisten sólo a los actos del
 fin de semana, o si además de participar en
 los seis días de jornadas solicitan alojamiento 
y comida, pagarán entre 30 y 210 euros por persona.

 Precisamente, el alojamiento de los peregrinos es otro
 de los motivos de crítica a la organización es otro de
 los motivos de crítica a la organización
El responsable de comunicación de la
estima que “1.400 centros escolares entre los de primaria
 y secundaria de la Comunidad de Madrid serán cedidos 
del 15 al 22 de agosto a la organización de JMJ”.
“Además, una persona de cada centro tendrá 
 que atender a los miembros de la organización
con la modificación que supone eso en su calendario
 de vacaciones, y el consiguiente gasto”, añade Montes.
Desde la organización, el director de comunicación 
de JMJ, Rafa Rubio, afirma que “no supone ningún
 gasto extra, ni perjuicio en las vacaciones, ya que 
en cada centro hay siempre una persona 

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